Solución equilibrada

La atención y cobertura de salud de la población chilena está enfrentando una incertidumbre sin precedentes. Mientras en el sector público, la falta de especialistas y los pacientes en nómina de espera crecen -con un atraso de 70 mil personas solo en la cobertura GES-, en el área privada se está constatando una salida inédita de cotizantes menores de 30 años.

Desde 2021, luego de que entró en vigor la tabla única de factores, este segmento ha disminuido a la mitad, llegando a representar en la actualidad no más del 7% del total. En este escenario, si nada cambia, el sistema de isapres se encamina a ser sustentado por personas cada vez más mayores, más enfermas y cautivas, las que forzosamente se verán enfrentadas a alzas de precios o, en el más extremo de los casos, a la desaparición del sistema como hoy lo conocemos.

Las urgencias en salud requieren de una reforma que apunte a la sostenibilidad financiera del sistema en su conjunto, hacia el largo plazo.

A este panorama se han sumado en los últimos años la judicialización de las alzas de planes y los efectos adversos de la pandemia, además del incremento del empleo informal, que en el trimestre marzo-mayo se empinó por sobre el 28% del total, lo que se ha traducido en un número relevante de personas que migran al sector público -sin que haya suficientes garantías para la cobertura de las atenciones- o que no cuentan con protección de ningún tipo.

En estas condiciones, no parece responsable propiciar un colapso de la industria, que a la fecha sigue entregando servicios a más de tres millones de personas, sino más bien impulsar cambios que estimulen su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo. “El sistema no resiste como está”, advirtió este fin de semana la exsubsecretaria de Salud, Paula Daza, quien resumió así que las urgencias apuntan a la necesidad de una reforma que se haga cargo de las falencias.

El problema es que el sistema privado -que ha demostrado ser eficiente en resolver los problemas de salud y que no enfrenta listas de espera-, ha venido subiendo sus precios en función de la demanda.

En este marco, quienes tienen la responsabilidad de diseñar la reforma sectorial, debieran apuntar a que todo el sector salud evolucione hacia un sistema de seguridad social, que acabe con preexistencias, que establezca garantías universales y mecanismos que compensen los riesgos para que las persona, por un lado, tengan certezas de que serán atendidas y que, por otro, puedan tener la libertad de elegir dónde y a quién entregar su cotización obligatoria. En una definición de este tipo, ni el incremento del empleo informal, ni la Ley Corta de Isapres, ni la llegada masiva a Fonasa son soluciones a un problema que es estructural y que requiere no solo de habilidad técnica, sino también política en la búsqueda de una solución equilibrada.